El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el marco de la Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2023, acordó en su sesión de 1 de julio de 2021 la aprobación de un Plan de Mejora Regulatoria y Calidad Normativa como herramienta clave para acometer mejoras en el ordenamiento jurídico regional.

El Plan recoge diversas medidas sobre la mejora de la técnica normativa en los procedimientos de elaboración de las normas, así como instrumentos para el análisis del impacto normativo y de evaluación de la aplicación de las normas. También la publicidad activa del ciclo de vida de los expedientes normativos, la mejora regulatoria, la calidad normativa, la revisión y simplificación del "inventario normativo" regional. Incluye, en general, todas aquellas actuaciones dirigidas a dotar al derecho regional de unas normas que responden de forma coherente a los fines para las que fueron aprobadas. Y ello, con el fin de constatar si, finalmente, cumplen su función en el contexto de un marco jurídico-normativo apropiado que regule de modo eficiente los distintos ámbitos de la actividad económica, educativa, sanitaria, cultural, etc., desarrollados en la Región de Murcia y que están sometidos a intervención administrativa.

Al mismo tiempo, con esta pretensión también se da respuesta a algunos principios que deben orientar la actuación de las administraciones públicas, como son los principios de eficacia, simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía o el control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

En el ámbito de la política regulatoria debemos tener en cuenta, además, otros factores, como la difícil situación económica y financiera en la que nos vemos inmersos desde hace un tiempo, que hace imprescindible que los poderes públicos tomen iniciativas para que los mercados y empresas mejoren sus perspectivas. Para ello, estas deben contar con un buen marco jurídico en el que se ampare su actividad, fundamental para recuperar y restablecer el crecimiento económico.

De ahí que sean necesarias impulsar y fomentar estrategias para mejorar el entorno normativo, para lo cual es preciso abordar el estudio de diferentes aspectos que confluyen en el proceso de elaboración y aplicación de una disposición, así como formular recomendaciones sobre técnica normativa, calidad regulatoria y eficacia de la regulación.

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